Estado Social de Derecho y "los que más tienen"

Recientemente se ha aprobado in extremis un plan de ajuste de gasto público. Tengo
pocos conocimientos de macroeconomía pero seguramente era necesario. Se han ido
haciendo públicos los recortes en pensiones, bajada de sueldo de funcionarios, ayuda al
desarrollo, cheque bebé, gasto farmacéutico, reducción del déficit público en
Administración del Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, así como un
recorte en la inversión pública.
No sin razón algunos analistas han propuesto complementariamente
adaptar al alza la fiscalidad de las rentas más altas, en especial las de altos
directivos, inversionistas, deportistas de élite, artistas multimillonarios,
entidades financieras y otras personas y entidades que, además de mover
mucho dinero, continúan aumentando el porcentaje de sus ingresos.
Determinados colectivos, servicios privados y profesionales han decidido ya
hace tiempo moderar e incluso reducir el importe de los servicios que
prestan, motu proprio.
Pero es que entre “los que más tienen” cabe incluir partidas
presupuestarias que normalmente no se consideran. No me refiero a la
tantas veces demandada y necesaria tasa para las transacciones
financieras. Me refiero a la también imprescindible reducción del gasto
militar o “la inversión pública” en defensa, que también debería ser
recortada significativamente.
Que se sepa públicamente no tenemos riesgo apreciable de conflicto militar
con nuestros vecinos de los cuatro horizontes (de forma complementaria,
según los datos de la organización sueca Uppsala Conflict Data Program,
España se halla en el puesto 28 del mundo del índice de Paz Global IPG, en
función de indicadores de estados relativos de paz). Es cierto que
participamos en algunas operaciones militares internacionales pero en
ninguna de ellas, al parecer, con estrategia ofensiva por parte de nuestros
militares. Contrariamente los gastos militares no paran de subir cada año.
Podría ser responsabilidad de los altos mandos militares, en el contexto en
el que nos encontramos, proponer motu proprio medidas de contención del
gasto y reducción de inversiones en defensa que, sin afectar a la seguridad,
pudieran suponer un ahorro importante de dinero para las arcas públicas.
España gasta, según los datos que se dispone, unos cincuenta millones de
euros (50.000.000.- €) al día en gasto militar. Si los altos mandos militares
no lo proponen a la ministra de Defensa Carme Chacon o al presidente
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Rodríguez Zapatero, debería ser el Gobierno de España quien presentara la
iniciativa y decidiera dicha reducción.
Por poner sólo un ejemplo, con un mes menos al año de gasto militar
–según las cantidades antes apuntadas- no haría falta tocar un euro las
pensiones de personas que también han dado la vida por este país. Si se
hace con un poco más de generosidad –o de estrategia- podría incentivar el
emprendimiento y las pymes para crear empleo, como propone Manuel
Castells, por ejemplo. Además ello permitiría no dejar de atender a las
personas que más lo necesitan en estos momentos, muchos de ellos un
buen colectivo dispuesto a trabajar, si además se les forma y capacita para
lo que es de interés común (incluida su aportación a la seguridad social,
que es de interés común). Ello todavía tiene aún más sentido común si
consideramos que España está a la cabeza de los vendedores de armas del
mundo, según se refleja en un informe presentado a principios de junio en
el Congreso de los Diputados por la Secretaría de Estado de Comercio.
Según este informe España vendió material de defensa por valor de
1.346,52 millones de euros (un 44% más que en 2008), situándose sólo
por detrás de EEUU, Rusia, Alemania, Francia y Gran Bretaña. Las ventas de
armas de España tuvieron como destinatarios a países de la Unión Europea,
miembros de la OTAN y casi una cincuentena de países del mundo, entre
los que figuran Brasil, Colombia, Maruecos, Arabia Saudita, Cuba, Filipinas,
Ghana (un conocido hub armamentístico para muchos países africanos
donde persiste un conflicto bélico, incluida África Central), Kazajstán,
Ruanda (país en el que sus máximos dirigentes político-militares se hayan
procesados por crímenes internacionales contra nueve españoles y miles de
ruandeses y congoleños, siendo que además está afectado de un embargo
de armas multilateral obligatorio de la ONU en 2008), Sudáfrica (donde
además de celebrarse el mundial de fútbol se encuentra ahora el general
ruandés máximo responsable de la muerte de 4 víctimas españolas, siendo
que el Gobierno no reclama su entrega a la justicia española), India,
Paquistan, Tailandia (países donde se perpetúa un enconado conflicto
militar), entre otros.
Este mérito –del que como ciudadano no me siento nada orgulloso- y que
se apoya en ingentes ayudas de dinero público al sector armanentístico
además del autoconsumo a precios muy por encima a los de mercado,
debería permitir planteamientos como el que propugno. El Centre de
Estudis per la Pau J.M. Delás, que ha estudiado en profundidad la materia,
pone un ejemplo paradigmático: una de las empresas españolas que más
exportan es Navantia, con un 98% de producción militar, siendo que es una
empresa totalmente pública.
Grecia y Turquía –con cuyo presidente Zapatero co-lidera la iniciativa de la
Alianza de Civilizaciones– perciben un riesgo militar más elevado al nuestro
y han tomado esta inteligente decisión. Nuestro Gobierno podría decidir lo
mismo en el recorte que prevé aprobar en unas semanas a “los que más
tienen”. O podría decidirlo en el debate del Estado de la Nación –el mismo
foro parlamentario que decidió recortar por la puerta de atrás la justicia
universal el año pasado- previsto para el 14 y 15 de julio próximos, un día
antes de recibir al presidente ruandés Paul Kagame (imputado por
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crímenes internacionales por la justicia española) para, además de tratar
negocios armamentísticos y otras negociaciones judiciales, co-presidir
juntos en Madrid la iniciativa de la ONU para el cumplimiento de los
Objetivos del Milenio ODM, centrados en la erradicación del hambre en el
mundo y otros objetivos loables pero no esenciales –aparentemente- para
el Estado Social y Democrático de Derecho Internacional.
Jordi Palou-Loverdos es abogado acreditado ante la Corte Penal
Internacional y consultor nacional e internacional en resolución pacífica de
conflictos

(Article escrit per Jordi Palou-Loverdos i publicat a elplural.com)